La libertad sindical no existe.Hace décadas que impera en el país un régimen de afiliación monopólico, que impide el ejercicio del pluralismo sindical

Aunque nadie esperaba otra cosa, no deja de ser lamentable que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no haya pronunciado una sola palabra sobre la libertad sindical en la Argentina durante su reciente presentación ante la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nuestra Constitución consagra, en su artículo 14 bis, el principio de la libertad sindical. Sin embargo, desde hace décadas, impera en la Argentina un régimen de afiliación sindical monopólico en función del cual el Estado otorga la llamada personería gremial a un solo sindicato por rama de actividad.
En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo, señaló que no es necesario pertenecer a un sindicato con personería para ser delegado gremial.
Pese a los avances que se están registrando en la Justicia, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación han dado los pasos requeridos para reconocer la plena libertad sindical, tal como la plantea la Constitución y la reclama la filosofía democrática de la OIT.
El gobierno kirchnerista declamó alguna vez su respeto por el pluralismo sindical, pero sigue demorando el reconocimiento de la personería gremial a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y convalidando el monopolio de la Confederación General del Trabajo (CGT), que lidera Hugo Moyano.

Esta situación se viene prolongando, a pesar de que en reiteradas ocasiones la OIT exhortó a las autoridades argentinas a desmontar este sistema monopólico, de clara raíz fascista.
La presidenta de la Nación, en cambio, intentó aprovechar el escenario de la OIT en Ginebra para destacar el hecho de que el desempleo no haya aumentado en la Argentina en el último año pese a las proporciones de la crisis económica global. Claro que no admitió que esa estadística se desprende de datos de un organismo más que cuestionado, como el Indec, en el cual su gobierno no dudó en desplazar a técnicos idóneos para manipular los índices oficiales.
Peligrosamente, la primera mandataria pareció insistir en la teoría del desacople, según la cual la Argentina debería estar al margen de las desavenencias de la economía mundial. En forma simultánea, hizo una encendida defensa de la intervención del Estado en la economía, sin diferenciarse de la voracidad del gobierno venezolano de Hugo Chávez, que está apoderándose de toda empresa privada que considere estratégica.
Debería tener presente la primera mandataria que la seguridad jurídica es uno de los factores que prioriza todo inversor a la hora de crear nuevas fuentes de trabajo. Y no debería desconocer que sin auténtica libertad sindical, la cenicienta de las libertades públicas en la Argentina, no puede hablarse seriamente de seguridad jurídica.
Es de esperar, por eso, que no sigan demorándose necesarios cambios en nuestro régimen de relaciones del trabajo y que los poderes Ejecutivo y Legislativo adecuen las normas legales a los requerimientos del pluralismo sindical