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Dictan embargo por 50 millones de pesos contra el sindicalista Pedraza
Debe respaldar esa suma con sus bienes y los de otros siete imputados. La medida es consecuencia de un procesamiento que le dictó la Cámara del Crimen porteña
El sindicalista José Angel Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria desde hace veinte años, sufrió un embargo de 50 millones de pesos sobre sus bienes. La medida judicial es consecuencia de un procesamiento que la Cámara del Crimen porteña le dictó a principios de abril por una gigantesca estafa contra los afiliados de su gremio.

El monto del embargo corresponde a los perjuicios económicos que esa maniobra habría provocado. Son 50 millones que deberán ofrecer solidariamente tanto Pedraza como siete procesados más: su antecesor en la secretaría general de la Unión y cinco prestadores de servicios fúnebres.

Pedraza está formalmente en ese cargo desde 1996. Socio de los "gordos", ya no pertenece a la cúpula de la CGT. El martes último estuvo en la Casa Rosada, con el presidente Néstor Kirchner, cerrando la reestructuración del Belgrano Cargas; la Unión Ferroviaria dejará de controlar el 99 por ciento de las acciones de la empresa para quedarse con el 12.

La Sala IV de la Cámara del Crimen lo procesó por administración fraudulenta. Del embargo lo notificaron el lunes pasado, mediante una cédula del juzgado de Instrucción número 33, que lleva la causa en su contra.

El juez Eliseo Otero ya intimó a los ocho procesados a que presenten bienes por los 50 millones de pesos; de no ofrecerlos, se averiguará qué tienen inscripto a su nombre en diferentes registros y, como último paso, se les dictará una inhibición general sobre todos sus bienes. Siguiendo lo que marca el Código Procesal, el juez indicó en su resolución que el embargo servirá para que los procesados paguen indemnizaciones, en eventuales juicios civiles, y los gastos de este juicio.

Entre 1993 y 1998, los obreros ferroviarios se encontraron con un descuento compulsivo de unos 10 pesos en sus salarios mensuales. El destinatario era la Asociación Mutual Intersindical de Recíproca Asistencia y Protección Integral (Amiraypi), que sin embargo prestó servicios de entierro, velatorio y demás por montos mucho menores.

Los camaristas Mariano González Palazzo, Carlos González y Alberto Seijas dieron por probado que al menos 35 millones de pesos salieron de la Unión Ferroviaria sin justificación. Peritos contadores calcularon, a su vez, que esa cifra representó sólo el 65 por ciento del posible fraude. Pedraza y su predecesor en el sindicato, Adolfo Antonio Argüello, "no podían ignorar lo abultado de las sumas comprometidas en relación al servicio a recibir", escribieron los jueces.

Clarín trató de comunicarse ayer con Pedraza, pero éste no respondió a los llamados. Los otros procesados, como partícipes necesarios de la administración fraudulenta, son Adriana Suárez, Pedro Romano, Susana Romano, de Amiraypi, y Jorge Alejandro Caamaño, David Zaslavsky, de otra subcontratista llamada "Parcelas Argentinas".

Esta causa se inició por la denuncia de Juan Lantero, un obrero que se consideró estafado. En un primer momento, la jueza Ana Dieta Herrero había sobreseído a Pedraza. El abogado del denunciante, Daniel Vear, ayer pidió en el juzgado de Otero que el expediente contra Pedraza sea elevado a juicio oral.

Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria desde hace veinte años sufrió un embargo de 50 millones de pesos sobre sus bienes.